OSTA critica a Vivienda por pedir la devolución de la renta de emancipación

El Departamento de Juventud del sindicato OSTA (Organización Sindical de Trabajadores de Aragón) ha reclamado al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón que "tome cartas en el asunto de las reclamaciones de devolución de las ayudas por alquiler a los jóvenes", por parte del Ministerio de Vivienda.

El Departamento de Juventud del sindicato OSTA (Organización Sindical de Trabajadores de Aragón) ha reclamado al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón que "tome cartas en el asunto de las reclamaciones de devolución de las ayudas por alquiler a los jóvenes", por parte del Ministerio de Vivienda. Dicen desde esta organización sindical que "no deben tenerse en cuenta las indemnizaciones por despido, a la hora computar los ingresos de estos jóvenes, para cumplir el requisito necesario para recibir la Renta Básica de Emancipación".

La Organización Sindical de Trabajadores de Aragón responde así a las notificaciones que fueron cursadas días atrás por el Ministerio de Vivienda, en las que solicitaba la devolución de la Renta Básica de Emancipación a aquellos jóvenes cuyos ingresos han superado los 22.000 euros brutos anuales en el año 2009.

En algunos casos -afirman desde OSTA-, el aumento de los ingresos de estos jóvenes viene producido por la percepción de indemnizaciones por despido, o de cantidades extraordinarias que alteran su previsión, "sin que a medio plazo incrementen su nivel de renta".

Y si por estos motivos los beneficiarios de estas ayudas deben devolver hasta 2.500 euros que pudieron percibir en el año 2009, "se estaría cometiendo una enorme injusticia", opina este sindicato, que pide al Gobierno aragonés que "revise pormenorizadamente los casos mencionados, no teniendo en cuenta las indemnizaciones por despido u otras similares, "como fuentes regulares de ingresos", para evitar que estos jóvenes aragoneses sean tan injustamente tratados".

Por último, desde la Organización Sindical de Trabajadores de Aragón se indica que, hasta estos momentos, son cinco las comunidades autónomas "que han reaccionado ya, demostrando tener criterio propio y mayor celeridad en defensa de los intereses de sus ciudadanos que la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, del Gobierno de Aragón".