Atentado contra la juventud

ELENA Gil Nonay, Secretaria de Juventud de CCOO Aragón:

La medida propuesta por el Gobierno mermaría el derecho a disfrutar de la pensión a las personas con edades comprendidas entre los 65 y 67 años y continuaría alejando a los jóvenes del mercado de trabajo.

Revertir la situación de precariedad sociolaboral a la que se enfrenta la juventud española aumentaría notablemente la recaudación del sistema de la Seguridad Social.

El anuncio repentino por parte del Gobierno de retrasar la edad de jubilación ha suscitado una contundente respuesta de oposición por parte de una pluralidad de agentes sociales, partidos políticos...

Habida cuenta del progresivo incremento de la edad media de la población activa española y ante la bajada recaudatoria de ingresos a la Seguridad Social por motivo de la crisis, el Ejecutivo ha formulado una batería de posibilidades bajo el criterio de la reducción del gasto. El aumento progresivo del límite de 65 años, marcado por el Pacto de Toledo en el año 1995, conllevaría efectos nocivos para la salud y una merma en las condiciones de vida para el colectivo.

La dificultad de acceso al mercado de trabajo y las elevadas tasas de paro juvenil son una realidad que se refleja periódicamente en las estadísticas. Numerosas fórmulas contractuales se han diseñado a lo largo de pasadas legislaturas para hacer frente a esta problemática, en ningún caso en el marco de una política coherente que impulse un verdadero fomento del empleo para jóvenes. Sin embargo, ha existido consenso generalizado sobre lo procedente de articular medidas para impulsar el relevo generacional en el acceso al mercado de trabajo. Se pone así de manifiesto la incoherencia entre este tipo de medidas y la prolongación de la vida laboral.

En este sentido, la tardía incorporación de la gente joven al mercado de trabajo limita sensiblemente sus años de cotización a la Seguridad Social. Por ello, desde CCOO creemos que la necesidad de ingresos al sistema en ningún caso debería abordarse desde una política de contención en el gasto, sino con propuestas activas de empleo que aumenten la recaudación. Incrementar la población activa no sólo conlleva generar empleo en sí, sino promover políticas de igualdad, de compatibilidad de la vida laboral y familiar y un fomento de la natalidad que se sustente más allá de medidas paternalistas (véase el "cheque-bebé") y avance, por ejemplo, en el desarrollo de la educación pública de 0 a 3 años y con protección a las familias jóvenes, garantizando su acceso a la vivienda.

La emancipación de la juventud se vuelve directamente proporcional a la edad de entrada en el mercado de trabajo. Si se extiende de 65 a 67 años el retiro del resto de la población trabajadora, las personas jóvenes de nuestro país no sólo tardarán más en lograr su autonomía económica y social, sino que además serán los futuros sufridores y sufridoras directos de ese retraso en la jubilación: estarán vetados al principio y penalizados al final de su vida laboral.

Sin duda las medidas presentadas son injustas y desacertadas. Los argumentos esgrimidos dan buena cuenta de ello. Nuestra línea de actuación se sitúa en acciones como el incremento del salario mínimo interprofesional, acabar con el fraude en la contratación temporal no justificada y, sobre todo, el emprendimiento de un política de empleo juvenil que incorpore a la creciente masa de jóvenes desempleados al mercado laboral en condiciones decentes. Sólo en esta dirección podremos asegurar la viabilidad del sistema público de pensiones. Secretaria de Juventud de CCOO Aragón